Qué implica que la Ley de Glaciares sea modificada por el Gobierno: los detalles de la normativa y el debate vigente
La Ley de Glaciares pasó de manera afirmativa por las Comisiones del Senado de la Nación Argentina y será tratada oficialmente el 10 de febrero. Estas masas de agua dulce son un recurso natural escaso, cuya explotación permite dar muchos empleos en las provincias y la legislación vigente data del 2010.
El proyecto de ley que propone modificar la Ley de Glaciares pasó de manera exitosa por las comisiones de Minería, Energía y Combustibles y de Ambiente y Desarrollo Sustentable del Senado. El 10 de febrero será la fecha en la que se trate en la Cámara Alta al igual que la reforma laboral.
La Oficina del Presidente lanzó un comunicado oficial que hizo hincapié en la necesidad de cambiar la legislación para eliminar la paralización del “legítimo ejercicio de las competencias provinciales sobre los recursos naturales”.
En este sentido, la idea principal de la nueva ley es darle mayor facultad a cada jurisdicción por sobre los glaciares que estén en su territorio. Serán capaces de resguardar los recursos naturales que deseen y decidir explotar otros.
Qué dice la nueva Ley de Glaciares
El primer artículo de la nueva ley de glaciares sustituye el objetivo central de la ley que impedía la explotación minera y carburífera. La nueva protección debe interpretarse de manera compatible con el artículo 41 de la Constitución Nacional y con el dominio originario de las provincias sobre los recursos naturales establecido en el artículo 124.
El primero exige “proteger el ambiente sin impedir el desarrollo humano” y el segundo “reconoce a las provincias el dominio originario de sus recursos naturales”. En este sentido, una posible explotación de las masas de agua dulce serían de jurisdicción local.
Por otra parte, mantiene la definición de glaciar como “toda masa de hielo, estable o que fluye lentamente, con o sin agua en su interior” y reconoce al ambiente periglacial como aquel que “comprende áreas con suelos congelados que actúan como reguladores del recurso hídrico, y en media y baja montaña a las zonas con suelos saturados en hielo que también cumplen funciones de reserva del agua“.
Cómo fue el debate en Comisiones
En Comisión participaron los gobernadores de San Juan, Manuel Orrego, y de Catamarca, Raúl Jalil. Ambos tienen glaciares en sus territorios y tienen también empresas dedicadas a la explotación minera.
En San Juan, el Ejecutivo provincial dio el visto bueno a la protección del ambiente periglacial, pero con un matiz central: siempre y cuando se trate de reservas de agua estratégicas. Para el mandatario, la clave pasa por establecer una ley de protección mínima de glaciares que ordene el escenario actual.
Desde Catamarca, Raúl Jalil pidió una mirada integral que evalúe las consecuencias económicas de las restricciones ambientales. El gobernador destacó el peso de la minería en el mercado laboral, asegurando que la industria es una de las principales creadoras de trabajo registrado en su provincia. De acuerdo a sus cifras, el sector sostiene unos 8.000 empleos en total, entre los 3.000 puestos directos y los 5.000 que se desprenden de la cadena de valor.
Por otro lado, desde el sector empresarial, la Cámara Argentina de Empresarios Mineros (CAEM) acompañará el objetivo de proteger los glaciares en tanto cumplan su función como reserva de agua aunque estará a favor de perfecciones ante incertidumbres en el marco normativo del sector.
En cuanto a las organizaciones ambientales, abogados y directores de asociaciones ambientalistas alertaron sobre los efectos del proyecto oficialista en una actividad en la Facultad de Derecho de la UBA. El panel llegó a la conclusión de que esta es “una reforma que está a contramano de la evidencia científica y que gana en inseguridad jurídica”.
El panel contó con una fuerte impronta técnica y jurídica, encabezado por referentes del sector como Andrés Nápoli, director ejecutivo de la FARN, y Enrique Viale, de la Asociación de Abogados Ambientalistas. También aportó su visión académica Claudia Villanueva, especialista en derecho ambiental de la UBA.
La mirada científica estuvo a cargo de Agostina Rossi Serra, bióloga de Greenpeace, mientras que el cierre sumó un peso institucional clave con la presencia del juez federal Sebastián Casanello. El magistrado aportó una perspectiva fundamental, dado que fue quien intervino en diversos expedientes vinculados a la aplicación de la ley que hoy vuelve a estar en el ojo de la tormenta.
