Rechazaron la indagatoria a Cristian Graf: cómo sigue el caso del crimen de Diego Fernández
La investigación por el crimen del adolescente Diego Fernández, ocurrido en 1984, sumó un nuevo capítulo judicial tras la decisión del juez Alejandro Litvack de rechazar la indagatoria a Cristian Graf, principal sospechoso en la causa.
El magistrado devolvió el expediente a la fiscalía debido a “incongruencias” en el pedido formulado por el fiscal Martín López Perrando.
¿Por qué el juez rechazó la indagatoria de Cristian Graf?
Según información de Noticias Argentinas, el juez fundamentó su decisión en la falta de una imputación clara que permitiera tomarle declaración indagatoria a Graf. “No cuentan con una concreta imputación bajo la cual intimar debidamente al acusado”, señaló en su escrito.
El fiscal había solicitado la indagatoria bajo los cargos de encubrimiento agravado y supresión de evidencia, al sostener que Graf habría intentado silenciar el crimen de Fernández. Si bien reconoció que la acción penal está prescripta por el paso del tiempo, Perrando argumentó que su objetivo es reconstruir los hechos y esclarecer lo ocurrido.
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No obstante, Litvack remarcó que el pedido fiscal carece de precisión en cuanto a los términos de la imputación. “El fiscal desarrolló una valoración de los motivos por los cuales considera reunido el estado de sospecha, pero no delimitó adecuadamente en qué términos se pretende intimar al encausado”, explicó.
Además, el juez advirtió que esta falta de precisión podría afectar el derecho a defensa de Graf y entorpecer la propia labor del Ministerio Público. También subrayó que, aunque se trató de una calificación legal y no de una imputación formal, cada medida procesal debe basarse en una hipótesis delictiva concreta que garantice el principio de congruencia.
El magistrado fue más allá e incluyó en su resolución ciertas dudas respecto a la actuación de los dos abogados defensores del ex compañero de Fernández, aunque no brindó mayores detalles al respecto.
Por todo ello, Litvack resolvió devolver la causa a la fiscalía para que esta adecue legalmente su petición. El objetivo, según expresó, es evitar vulneraciones al debido proceso y prevenir futuras nulidades que puedan comprometer el avance del caso. La resolución marca un freno momentáneo en la causa, que lleva más de cuatro décadas en búsqueda de justicia.
