“Solo cumplía órdenes”: declaró el primer imputado en la Causa ANDIS y responsabilizó a un funcionario ligado a Spagnuolo
Roger Edgar Grant, el primer imputado de la causa por presuntas coimas en la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS), rompió el silencio ante la Justicia.
En la causa que investiga presuntas maniobras de corrupción en la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS) por compras de medicamentos irregulares, declaró ante la Justicia el primer imputado. Se trata de Roger Edgar Grant, quien era señalado como uno de los ejecutores y frente a las preguntas del juez Sebastián Casanello y del fiscal Franco Picardi, aseguró que él “solo cumplía órdenes” de su jefe Daniel María Garbellini, exnúmero dos de Diego Spagnuolo, ya que lo hizo responsable de definir qué empresas se quedaban con los contratos.
Según la acusación, Grant, a cargo de la Dirección de Gestión de Urgencias de ANDIS, manejaba compras de medicamentos mediante el sistema estatal del organismo. Ese sistema denominado SIIPFIS habría sido usado para direccionar las adjudicaciones hacia un conjunto reducido de droguerías vinculadas con funcionarios.
Aunque en los pliegos oficiales se abría la compulsa a unas 15 droguerías, las licitaciones “reducidas” quedaban reservadas a solo cuatro oferentes. De ese conjunto, las empresas Droguería Profarma S.A. y Droguería Génesis S.A. concentraron el 93,11% de las adjudicaciones, lo que implicó contratos por un monto total cercano a los $30.337 millones.
En su declaración, Grant admitió haber manejado los tiempos de las compras, decidir qué firmas se habilitaban o no y actuar bajo instrucciones de Garbellini. Esa confesión implicó que la maniobra habría tenido un carácter sistemático no aislado combinando poder de decisión pública con favoritismo privado.
Qué sigue en la Causa ANDIS tras la declaración de Grant
Con esta declaración, la acusación no solo recae sobre Grant, sino que también pone en el foco a Garbellini, exsegundo en la organización; y a otro de los supuestos “jefes paraestatales” involucrados, Pablo Atchabahian, quien ya está detenido.
El juez Casanello ordenó al menos 15 indagatorias en una primera tanda: además de Grant declararon Atchabahian, Garbellini, Miguel Ángel Calvete y exfuncionarios y directivos de las droguerías involucradas. A muchos se los acusa de integración de una red de corrupción que habría lucrado con los fondos públicos destinados a tratamientos de salud de personas con discapacidad.
El juzgado anticipó que habrá más llamados a declarar en los próximos días. Mientras tanto, la fiscalía y los querellantes analizan la cadena de decisiones, los flujos de dinero y las responsabilidades penales de cada eslabón.
¿Por qué es una causa sensible? El impacto institucional y social
La complejidad del caso excede el problema administrativo: involucra a un organismo clave para las políticas de discapacidad en Argentina, con presupuestos que deben garantizar tratamientos críticos. Que esos fondos hayan podido usarse presuntamente para beneficiar a empresas afines en lugar de garantizar medicamentos a personas vulnerables provoca indignación social y exige una profundización judicial seria.
